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Editoriales Roberto Passailaigue

¡El IESS es de sus afiliados!

¡El IESS es de sus afiliados!

Para el ejercicio del derecho a la seguridad social de los trabajadores como parte de la población del Ecuador, en 1928 y como Caja de Pensiones, se creó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, que es una entidad pública autónoma, regulada por la constitución y la ley para cubrir por medio del seguro universal obligatorio las prestaciones de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley, en beneficio de sus afiliados.
Se financia “con el aporte de las personas aseguradas” en forma independiente o con relación de dependencia, de “sus empleadores” y “con los aportes y contribuciones del Estado” que constarán cada año en su Presupuesto General, con la obligación de complementar el financiamiento de las prestaciones que no pueden costearse con las aportaciones de los asegurados. Sus fondos y reservas son propios y distintos de los del fisco y ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de los mismos, ni menoscabar su patrimonio.
El financiamiento obligatorio por parte del Estado no es concesión voluntaria, es parte de la obligación de brindar “seguridad social” a todos los ciudadanos y que en el caso de los afiliados al IESS, es cubierta por ellos mismos y sus empleadores, para tener una institución propia que maneje su seguridad social, por tanto, el IESS es de sus afiliados y no de todos los ecuatorianos, como erróneamente argumentaba el correato. El IESS es una entidad distinta a lo que significa la seguridad social que está obligada a brindar el Estado a sus ciudadanos, por medio de sus Ministerios de Salud y de Inclusión Económica y Social.
El IESS está quebrado por la política clientelar y demagógica del régimen anterior, que utilizó y dispuso ilegalmente de sus fondos. Cuidado para encontrar soluciones pretendan aumentar los años para la jubilación de sus afiliados, o el porcentaje de aportes del empleado y del emperador, o disminuir las pensiones jubilares, puede ser el detonante de una revuelta popular, como sucede en Nicaragua.