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Auditoría integral de la deuda

Mediante Decreto Ejecutivo 472 del 9 de julio del 2007, el entonces presidente de la República conformó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), con la intervención de organizaciones sociales nacionales y extranjeras e instituciones de investigación y desarrollo.

Se argumentó que el “daño incalculable causado a la economía del país y al pueblo ecuatoriano por el endeudamiento público, omnipresente como sistema de presión sumisión, y el consecuente compromiso de entregar recursos públicos para su servicio, existan o no disponibilidades, motivó al Gobierno Nacional a adoptar la decisión… de crear una instancia de auditoría que establezca la legitimidad, legalidad y pertinencia de los préstamos, las negociaciones y renegociaciones; que, además, señale las responsabilidades y corresponsabilidad de los prestamistas, los impactos sociales, económicos y ambientales; y, sobre todo, que permita la acumulación y ponderación de fundamentos para que el país emprenda acciones soberanas y reparadoras respecto de los pagos realizados y futuros”.

Nunca más vigente la argumentación, ahora que la deuda pública casi se ha cuadruplicado. Sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, es indispensable que el actual presidente designe otra comisión con tal efecto, integrada por profesionales y académicos independientes de personas, partidos e ideologías políticas, que no hayan desempeñado función pública ni tengan vinculación con el anterior gobierno, para que el resultado de la auditoría sea real, veraz y sin encubrimiento.

Para el efecto, se debe eliminar la calificación de confidencial o reservada de la información, contratos y documentos, y hacerse extensiva la auditoría a todo el gasto e inversión pública, ya sea en contratación de servicios, obras o suministros, comparando costos nacionales con internacionales y seguir la huella de los fondos, en todas las funciones, organismos e instancias del Estado. Solo así se podrá dar un baño de verdad y transparencia en el manejo de la administración pública del Ecuador.

Guayaquil, sábado 2 de septiembre de 2017