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¿Está enferma la justicia? (2)

Me he propuesto, por sanidad, colocar en esta vieja y siempre joven vitrina, EL UNIVERSO, algunas observaciones, constataciones y experiencias relacionadas con el amplio espectro de la administración de la justicia en nuestro Ecuador. No esperen, amigas y amigos, soluciones ni fórmulas mágicas; aquí encontrarán ideas y sugerencias que pueden servir para armar una planificación de largo aliento que sirva para remediar actuales falencias del sistema de administración de la justicia.

Me cupo el honor, en 1992, de ser el primer director de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil, cargo que lo ejercí por quince meses. Debía seleccionar al personal de seis comisarías y alrededor de cien delegados municipales en reemplazo de los inspectores municipales de ingrata recordación. ¿Qué hacer en estas circunstancias?

-Como inexperto en el campo judicial recurrí a los profesionales en derecho y administración, a los más honestos que conocía, en busca de pautas para cumplir decorosamente con tamaña responsabilidad. Me aconsejaron: un ‘borra y va de nuevo’ para sanear el pasado; seleccionar gente inexperta en el campo judicial, abogados jóvenes con antecedentes limpios y honorables; nombrar, para delegados municipales, a estudiantes de derecho alejados de toda vinculación laboral con juzgados o bufetes de abogados; gente físicamente sana, deseosa de trabajar por la recuperación de Guayaquil; además, seleccionar un subdirector, abogado, de suma confianza, honorable y partícipe de valores y urgencias cívicas. Así se hizo. ¿Qué pasó entonces? La gestión registra la historia.

-Hace veinticinco años existía ya la presunción de que algunos estudios jurídicos y muchos abogados se prestaban para cosas non sanctas, es decir, que tenían el don de hacer decir a la ley lo que su cliente requería que se dijera. Los términos ‘sabido, conocedor’ o ‘pillo’ se adosaban a profesionales del derecho sin recelo alguno, es decir, se sabía que no todo abogado actuaba apegado a la normativa general.

-Vale un punto y aparte para destacar, por justicia, que el ancho mundo del ejercicio de la abogacía contó y cuenta, además, con profesionales que honran sus juramentos y que no han perdido la brújula, cuyo norte es el imperio de la justicia y del honor. Torcer los objetivos básicos de la justicia para convertirla en ramera de alto costo es una traición a la patria que debiese ser castigada con la inhabilitación temporal o definitiva para ejercer tan noble profesión.

-El mapa de la corrupción en el país está siendo develado, por abogados, sin la rapidez que amerita tamaño embrollo. En la celebración de los contratos con las firmas extranjeras cuestionadas está un crecido número de abogados. Un buen trabajo de sanidad jurídica será dar a conocer sus nombres, porque fueron ellos que con artimañas lograron que se hicieran legales montos y términos que engendraron perjuicios para el país.

-La administración pública, en sus diversos ministerios, subsecretarías o direcciones tiene asesores jurídicos para impedir que se haga algo al margen de las leyes generales y específicas. ¿Por qué entonces tantos atropellos a los bienes del Estado? La conclusión es obvia. (O)

“No todos los abogados son malos, pero el 98% da mala fama al resto”, Ken Wiebe.