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Impuesto voluntario

Han causado escándalo nacional las denuncias presentadas por empleados y asesores de la Asamblea Nacional, sobre la contribución “voluntariamente obligatoria” impuesta a los colaboradores de determinados asambleístas en el anterior y presente período legislativo, conocida como “peaje”, “diezmos”, “arancel”, “contribución voluntaria”, “impuesto al trabajo”, etc., supuestamente para aportar al partido político al que pertenece o lo auspició para conseguir trabajo.

La alarma por la noticia es nueva, aunque la práctica es de antigua data y en todos los sectores del servicio público, conocida y autorizada por las principales autoridades de las dependencias donde se ha venido aplicando dicha mala práctica, a tal punto que, en las anteriores elecciones para asambleístas, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, en actos de proselitismo de las candidaturas, públicamente arengaba a los candidatos que cuando fueran elegidos, debían “obligatoriamente pagar las cuotas voluntarias” para el partido. Este ha sido el ‘modus operandi’ normal y controlado por alguien designado para la recaudación. Hemos leído con estupor un borrador de auditoría sobre la incidencia de actores claves de las investigaciones de cobros indebidos por parte de una asambleístas de Alianza País por la provincia de Manabí, en el que se determinan períodos, nombres, montos, recaudadores y varias instituciones públicas como el Ministerio del Interior, CNEL, Ban Ecuador, IESS, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Sabemos que para protegerse de las denuncias existen “acuerdos de confidencialidad” que los funcionarios son convidados a firmar, mediante los cuales, si alguien delata algo, son obligados a resarcir al inculpado hasta por $ 500.000, conforme se ha hecho público en las noticias. Es necesario un gran baño de verdad en Ecuador a nivel nacional respecto de estos cobros en toda la administración pública, para que sean sancionados los culpables, resarcidos los perjudicados y, sobre todo, para que termine de una vez por todas esta práctica deshonesta, que pervierte la moral pública.

Han causado escándalo nacional las denuncias presentadas por empleados y asesores de la Asamblea Nacional, sobre la contribución “voluntariamente obligatoria” impuesta a los colaboradores de determinados asambleístas en el anterior y presente período legislativo, conocida como “peaje”, “diezmos”, “arancel”, “contribución voluntaria”, “impuesto al trabajo”, etc., supuestamente para aportar al partido político al que pertenece o lo auspició para conseguir trabajo.

La alarma por la noticia es nueva, aunque la práctica es de antigua data y en todos los sectores del servicio público, conocida y autorizada por las principales autoridades de las dependencias donde se ha venido aplicando dicha mala práctica, a tal punto que, en las anteriores elecciones para asambleístas, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, en actos de proselitismo de las candidaturas, públicamente arengaba a los candidatos que cuando fueran elegidos, debían “obligatoriamente pagar las cuotas voluntarias” para el partido. Este ha sido el ‘modus operandi’ normal y controlado por alguien designado para la recaudación. Hemos leído con estupor un borrador de auditoría sobre la incidencia de actores claves de las investigaciones de cobros indebidos por parte de una asambleístas de Alianza País por la provincia de Manabí, en el que se determinan períodos, nombres, montos, recaudadores y varias instituciones públicas como el Ministerio del Interior, CNEL, Ban Ecuador, IESS, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Sabemos que para protegerse de las denuncias existen “acuerdos de confidencialidad” que los funcionarios son convidados a firmar, mediante los cuales, si alguien delata algo, son obligados a resarcir al inculpado hasta por $ 500.000, conforme se ha hecho público en las noticias. Es necesario un gran baño de verdad en Ecuador a nivel nacional respecto de estos cobros en toda la administración pública, para que sean sancionados los culpables, resarcidos los perjudicados y, sobre todo, para que termine de una vez por todas esta práctica deshonesta, que pervierte la moral pública.