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Transparencia del Manejo Económico

En días pasados, coincidimos en un evento académico con el ex Vicepresidente de la República Alberto Dahik, quien expresaba que en Ecuador se han designado muchas comisiones para investigar diversos tópicos y en distintos gobiernos. Así, han actuado la Comisión de La Verdad, Comisión Nacional Anticorrupción, Comisión de Angostura, Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, etc., siendo necesario que se nombre una Comisión para la “Transparencia del Manejo Económico en Ecuador”, con la finalidad de fiscalizar el endeudamiento y gasto del gobierno anterior; lo cual fue expuesto en un artículo de opinión.
Comparto plenamente dicho criterio. Desde mi Columna, en un artículo anterior (2 sep. 2017) expuse que, Rafael Correa como Presidente de la República, conformó en julio de 2007 la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), argumentando que el “daño incalculable causado a la economía del país y al pueblo ecuatoriano por el endeudamiento público, omnipresente como sistema de presión sumisión…” lo motivó a “crear una instancia de auditoría que establezca la legitimidad, legalidad y pertinencia de los préstamos, las negociaciones y renegociaciones; que, además, señale las responsabilidades y corresponsabilidad de los prestamistas, los impactos sociales, económicos y ambientales; y, sobre todo, que permita la acumulación y ponderación de fundamentos para que el país emprenda acciones soberanas y reparadoras respecto de los pagos realizados y futuros.”
Ahora que la deuda pública se ha cuadruplicado y gastado un multimillonario presupuesto en la década oscurantista pasada, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, se hace indispensable que el actual Presidente de la República designe otra “Comisión para la Transparencia del Manejo Económico en Ecuador” con el mismo objetivo de la anterior e integrada por profesionales y académicos independientes, probos y competentes, que no hayan laborado ni tengan vinculación con el anterior gobierno, para que el resultado de la auditoría sea real y sin encubrimientos.