En medio de la inestabilidad política y las urgencias económicas que atraviesa el país,
ciertos documentos administrativos pasan casi inadvertidos. No ocupan titulares, no
generan debate público inmediato y, sin embargo, tienen consecuencias profundas en la
formación cultural de las nuevas generaciones. Uno de ellos es la “Guía para la utilización
del lenguaje inclusivo en las evaluaciones”, elaborada por el Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (INEVAL) durante el gobierno de Guillermo Lasso.
El documento parte de una premisa clara: que el lenguaje tradicional posee un carácter
“machista” y opresor, por tanto, la sociedad debe transformarlo para construir una cultura
más igualitaria. Con esa perspectiva, la guía propone modificar la redacción de
evaluaciones educativas para adecuarlas a los criterios del llamado lenguaje inclusivo.
A primera vista, podría parecer un asunto menor: una recomendación técnica sobre cómo
redactar preguntas en pruebas educativas, pero una lectura detenida revela algo distinto.
Lo que se presenta como una simple orientación lingüística responde, en realidad, a una
visión ideológica concreta que busca introducir en el sistema educativo ecuatoriano las
premisas de la llamada “ideología de género”.
El problema no radica en promover el respeto entre personas, algo que siempre ha sido
parte de la tradición educativa del país. El problema aparece cuando el lenguaje se
convierte en una herramienta de reingeniería cultural. Bajo la apariencia de neutralidad
técnica, la guía propone modificar la forma en que se expresan conceptos, identidades y
realidades humanas, imponiendo una visión que no surge de nuestra tradición lingüística
ni de un consenso social amplio.
El español posee reglas gramaticales consolidadas a lo largo de siglos. Estas reglas no
constituyen mecanismos de discriminación u opresión, como algunos pretenden sostener,
son estructuras lingüísticas que permiten claridad y economía en la comunicación.
Alterarlas artificialmente, especialmente en instrumentos de evaluación educativa, no
mejora la comprensión de los estudiantes ni eleva la calidad académica. Por el contrario,
introduce confusión y desplaza el foco del aprendizaje.
Más preocupante aún es el trasfondo pedagógico. Cuando instituciones encargadas de
medir la calidad educativa comienzan a incorporar criterios ideológicos en la redacción de
sus evaluaciones, el riesgo es evidente: la educación deja de ser un espacio de formación
intelectual para convertirse en un vehículo de adoctrinamiento cultural.
Por eso resulta legítimo preguntar por qué una institución como el INEVAL, cuyo mandato
es evaluar la calidad educativa, dedica esfuerzos a promover cambios lingüísticos
inspirados en corrientes ideológicas externas a nuestra realidad cultural.

Señor presidente de la Republica y ministra de Educación, la educación debe formar
ciudadanos críticos con valores y conocimiento, no reproducir consignas externas.
Conservemos la libertad y rigor académico, respetando la tradición lingüística que
compartimos. Lo que está en juego no es solo una cuestión gramatical: es la forma misma
como adoctrinan a nuestros hijos.

Guayaquil, domingo 5 de abril de 2026