En días anteriores, ecuatorianos y colombianos, fuimos sorprendidos por las declaraciones
del presidente de la república vecina, Gustavo Petro, quien acusó al Ecuador de violar su
espacio aéreo mediante un supuesto bombardeo en territorio colombiano. A ello sumó la
afirmación de haber encontrado cadáveres de campesinos calcinados. La gravedad de
estas declaraciones las convirtió en una verdadera “noticia bomba”, incluso con
insinuaciones de acudir a instancias internacionales.
Sin embargo, la versión se debilitó rápidamente. Imágenes difundidas mostraban un
artefacto que aparentaba ser una bomba sin detonar, deteriorada y oxidada por el
tiempo. Tras las investigaciones, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Colombianas descartó cualquier evidencia de bombardeo ecuatoriano, señalando que el
objeto pudo haber cruzado la frontera por efecto rebote, sin intencionalidad. Sobre los
supuestos cadáveres, no se presentó prueba alguna. Ante esta contradicción, el
presidente Petro terminó retractándose.
En Colombia, medios y actores políticos cuestionaron la ligereza de sus afirmaciones,
atribuyéndolas más a cálculos internos que a hechos verificables. En Ecuador, algunos
sectores intentaron sostener la narrativa por afinidad ideológica, pese a su evidente
fragilidad.
Este episodio se suma a una serie de tensiones entre Daniel Noboa y su homólogo
colombiano, marcadas por profundas diferencias políticas y de enfoque en seguridad
regional. Ecuador ha insistido en la necesidad de reciprocidad en el control fronterizo
frente al narcotráfico, sin obtener una respuesta efectiva. Esta falta de cooperación
debilita la lucha contra el crimen organizado y genera desconfianza.
A ello se suman reiteradas injerencias del presidente Petro en asuntos de política interna
ecuatoriana y la administración de justicia violando la soberanía, emitiendo criterios en
favor de una persona sentenciada por la justicia local, otorgándole ciudadanía
colombiana, calificándolo como perseguido político, lo que contribuye a deteriorar aún
más la relación bilateral.
En el ámbito económico, la falta de cooperación en seguridad derivó en una escalada
comercial. Ecuador elevó progresivamente los aranceles a importaciones colombianas, del
25% hasta el 100%, medida replicada por Colombia. Así, la reciprocidad ausente en la
lucha contra el narcotráfico sí se trasladó al comercio, afectando a ambos países.
Las mesas de diálogo bilateral tampoco han producido avances. Han estado marcadas por
reproches cruzados, ausencia de acuerdos y el retiro de la delegación colombiana. En este

contexto, la suspensión del diálogo por parte del Ecuador responde a una lógica de
defensa soberana.
Más que un incidente aislado, lo ocurrido evidencia una relación deteriorada, donde las
declaraciones sin sustento y la falta de coherencia política obstaculizan la cooperación. Es
preferible esperar unos meses, hasta que haya condiciones favorables que garanticen
nuestra dignidad y soberanía como país. La verdadera “bomba” no fue un artefacto
oxidado ni un bombardeo, sino el impacto de una diplomacia errática que exige mayor
responsabilidad en declaraciones inadecuadas.

Guayaquil, jueves 7 de mayo de 2026