Por años, los ecuatorianos hemos hablado de “inseguridad” como si se tratara de un fenómeno
pasajero, otro de los desafíos sociales. Sin embargo, los hechos han obligado al país a reconocer
una cruel realidad: estamos ante un conflicto armado interno. Así lo declaró el presidente Daniel
Noboa el 9 de enero de 2024, marcando un hito histórico al admitir que la violencia actual no es
simplemente delictiva, sino estructural y organizada, con características propias de una guerra no
convencional.
El conflicto armado es, en términos generales, un enfrentamiento violento entre grupos con
intereses antagónicos, donde se utilizan armas y tácticas que generan consecuencias
devastadoras: muertos, desplazados, miedo colectivo y un tejido social erosionado. El término es
más amplio que la tradicional “guerra”, pues no requiere de una declaración formal ni del
enfrentamiento entre ejércitos regulares; basta con la existencia de grupos armados organizados
que desafíen al Estado de forma sistemática.
Lo que vivimos hoy en Ecuador encaja plenamente en esta categoría. La violencia que ejercen los
grupos de delincuencia organizada – GDO no es esporádica ni improvisada. Son estructuras que
operan con jerarquías, logística, financiamiento transnacional y objetivos claros: controlar
territorios, someter comunidades, lucrar a través del narcotráfico, la extorsión y el sicariato. Ahora
en la minería ilegal. Las bombas, los asesinatos por encargo, las amenazas a periodistas, las
masacres carcelarias y las “vacunas” impuestas a comerciantes no son delitos comunes: son actos
de guerra.
La académica Párraga Macías, V. M. (2024), en su artículo “El conflicto armado en Ecuador desde
la esfera constitucional”, publicado por la Revista San Gregorio en 2024, reconoce que la
intervención militar ante este escenario, no es solo válida sino necesaria. El Derecho Internacional
Humanitario establece criterios precisos para identificar un conflicto armado interno y Ecuador los
cumple. Es aberrante y absurdo negar esta condición, lo cual no solo implica desconocer la
realidad, sino – en el peor de los casos – favorecer indirectamente a los grupos irregulares que
buscan mantenerse en las sombras de la ambigüedad legal.
Aceptar que estamos en guerra no significa renunciar al Estado de derecho, sino adecuarlo a una
situación extraordinaria. Las normas que rigen en tiempos de paz no pueden aplicarse
mecánicamente cuando se enfrenta una amenaza de esta magnitud. Por eso, urge un marco
jurídico excepcional, pero legítimo, que permita actuar con eficacia sin vulnerar derechos
fundamentales. En esta tarea, el equilibrio entre firmeza y legalidad es el mayor desafío del
Estado. Hay que ser creativos y buscar normas alternativas para tiempos de guerra, adecuadas a la
constitución, pero siempre en defensa del bien mayor y bienestar común.
Finalmente, esta es una lucha que no se libra solo con fusiles ni con leyes. Requiere cohesión
social, claridad moral y un pacto cívico entre ciudadanos e instituciones. No podemos seguir
fragmentados ante una amenaza común. En esta guerra, como en todas, la indiferencia también
es una forma de complicidad.
Roberto Passailaigue Baquerizo
Guayaquil, domingo 15 de junio de 2025.