Con gran curiosidad y entusiasmo una parte considerable de la población ecuatoriana, ávida de conocer los criterios de los aspirantes a la Presidencia de la República, permanecieron más de dos o tres horas frente a la televisión, para escuchar las intervenciones de los 16 candidatos. La otra parte de votantes que corresponden a la gran mayoría, estuvo viendo telenovelas, deportes o cualquier otro programa, evidenciando un desinterés total por estos eventos o por conocer la realidad de los problemas nacionales.
Los dos primeros eventos fueron organizados por el Diario el Comercio, la Cámara de Comercio de Guayaquil y la UEES, al que se sumó la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la Universidad de Guayaquil, la Red de Maestros y muchas organizaciones y entidades públicas y privadas, como representantes de la sociedad civil. El último debate fue organizado por el Consejo Nacional Electoral al que, si asistieron todos los candidatos por ser obligatorio, haciéndose notar que en los dos anteriores no concurrieron dos o tres candidatos, demostrando su falta de capacidad para debatir, inexistencia de propuestas serias o el simple desaire a la sociedad civil e instituciones auspiciantes.
Casi todos los analistas serios, coinciden en la falta de preparación para administrar o gobernar demostrada por la gran mayoría de los candidatos; concluyendo que solo dos o tres evidenciaron conocimiento, seriedad, competencias y autenticidad, dentro de los que, no incluyen a aquellos que rehuyeron de los dos debates iniciales organizados por la sociedad civil.
Causo mucha preocupación y decepción el escuchar a los candidatos, cándidos y candidotes, haciendo gala de la más grande demagogia con sus propuestas desacertadas y absurdas, demostrando una falta de capacidad e ignorancia en temas de interés e importancia nacional.
Esta forma de elecciones, con baratillos de ofertas demagógicas y populistas, de candidatos sin competencias ni aptitudes, debe terminar para las futuras elecciones, lo cual debería ser considerado para futuras reformas legales y constitucionales.