Desde la administración de Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976), cuando se nacionalizó
la industria extractivista, Ecuador ha sido considerado un país petrolero. Se impulsó la
producción en la Amazonía y se ingresó a la OPEP; el crudo marcó la ruta del desarrollo y
la bonanza permitió financiar carreteras, hospitales, refinerías y sostener el presupuesto
estatal. Sin embargo, medio siglo después, el país enfrenta una contradicción que
amenaza su sostenibilidad económica.
La extracción en el nororiente, cerca del Parque Nacional Yasuní, llevaba más de tres
décadas cuando en 2013, el colectivo Yasunidos pidió una consulta popular para mantener
en el subsuelo el crudo del ITT (bloque 43). La corte Constitucional no pudo ser más
inoportuna y su actuación más perjudicial para país, al aprobar una consulta popular fuera
de tiempo, presentada hace 10 años, por tanto, extemporánea y sobre hechos
consumados, sin considerar el bien mayor de los ecuatorianos. La consulta popular
manejada con criterio político, ambientalista y woke, dispuso el cierre de dichos pozos
petroleros y la pérdida de un recurso vital para los ecuatorianos.
El costo de esa decisión es alto. El Estado deja de percibir cerca de 1.200 millones de
dólares anuales que se destinaban a educación, salud, gobiernos locales y obra pública. A
ello se suman unos 900 mil dólares por el desmantelamiento de instalaciones, hasta 2.000
millones por posibles demandas a la empresa estatal Petroamazonas y la afectación
directa a siete comunidades indígenas con más de 2.500 habitantes y 915 trabajadores sin
empleos. Solo en los últimos cinco años, el área generó beneficios sociales por 40 millones
de dólares.
Los argumentos técnicos no pesaron ante un ambientalismo ideologizado que, a nombre
de una exagerada defensa de la biodiversidad, ignoró los impactos socioeconómicos de
frenar la producción en un país que ya arrastraba un déficit fiscal crónico. El petróleo, con
los avances tecnológicos actuales, puede extraerse bajo estándares de seguridad
ambiental que minimizan derrames y contaminación. El dilema real no es naturaleza o
petróleo, sino desarrollo responsable frente a necesidades urgentes de millones de
ecuatorianos.
Mientras Ecuador cierra válvulas, Perú avanza. En su selva norte, en las cuencas de los ríos
Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, se explotan lotes de gran importancia. Y este año,
un hallazgo en el lote Z-62 confirmó la presencia de crudo ligero en aguas profundas
frente a Lambayeque y La Libertad, cerca de las costas de Ecuador. Los estudios
preliminares estiman reservas entre 3.000 y 4.000 millones de barriles, con lo cual Perú
podría pasar de importador a uno de los principales exportadores de Sudamérica.

La paradoja es evidente: mientras un país vecino perfila su futuro energético con visión
estratégica, Ecuador se priva de ingresos indispensables para sostener a su población.
“Morirse de sed junto a la fuente” es más que un refrán; es la descripción de una política
que confunde simbolismos con realidades. Esto debe cambiar. El desafío no es renunciar
al petróleo, sino administrarlo con responsabilidad económica y ambiental.

Guayaquil, domingo 16 de noviembre de 2025.