La educación inclusiva constituye un principio fundamental de los sistemas educativos
contemporáneos, orientado a garantizar el derecho a la educación sin discriminación. No
obstante, cuando la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en la
educación regular se impone sin las condiciones técnicas, pedagógicas y humanas
necesarias, puede generar efectos adversos tanto para los propios estudiantes como para
el sistema educativo. No se trata de discrimen, sino falta de condiciones técnicas,
pedagógicas, materiales y profesionales, para poder aplicarse en instituciones autorizadas
para brindar servicios de educación regular, sean públicas o privadas.
Desde la psicología educativa, es necesario diferenciar entre inclusión planificada y
escolarización forzada. Los estudiantes que requieren educación especial presentan
necesidades cognitivas, emocionales o funcionales que demandan metodologías
específicas, apoyos individualizados y entornos adaptados. Cuando estos elementos no
están presentes en el aula regular, el proceso de aprendizaje se ve seriamente afectado.
La ausencia de adaptaciones pedagógicas produce dificultades de comprensión,
frustración reiterada y una progresiva afectación de la autoestima, acompañada de altos
niveles de ansiedad y desmotivación.
Asimismo, la inclusión sin apoyos adecuados puede derivar en aislamiento social. La falta
de colaboración de la comunidad educativa favorece la estigmatización, el rechazo y, en
algunos casos, el acoso escolar. Las dinámicas grupales y evaluativas, al no considerar la
diversidad, limitan la participación del estudiante y debilitan su desarrollo social y
emocional.
La educación especial tiene como finalidad promover el desarrollo integral y la autonomía
mediante programas diseñados específicamente para atender estas necesidades. Al privar
a los estudiantes de estos espacios especializados, se restringen oportunidades clave para
su desarrollo a largo plazo, afectando su calidad de vida futura.
Por otra parte, el sistema educativo regular también se ve impactado. Los docentes sin
formación en educación especial, enfrentan una sobrecarga laboral y altos niveles de
estrés al intentar responder a demandas para las que no han sido preparados. Esto
repercute en la calidad de la enseñanza y en la atención al resto del alumnado.
Finalmente, muchas instituciones carecen de infraestructura accesible, recursos didácticos
especializados y equipos interdisciplinarios, reduciendo la escolarización a una presencia
física sin verdadero proceso formativo. Las escuelas regulares no cuentan con la
Infraestructura, recursos o materiales técnicos ni didácticos o metodología adecuada. Las
aulas no están adaptadas para estudiantes con discapacidad física o sensorial. En este

contexto, la inclusión obligatoria sin condiciones reales termina siendo más perjudicial
que beneficiosa.
La verdadera inclusión exige planificación, recursos y respeto por la diversidad. Reconocer
la necesidad de educación especial no implica exclusión, sino una respuesta educativa
responsable, ética y orientada al bienestar y desarrollo pleno de cada estudiante.
(Continúa)

Guayaquil, domingo, 25 de enero de 2026