En Ecuador, la llamada “justicia de puerta giratoria” ha dejado de ser una simple metáfora,
es una cruel realidad. Los delincuentes son detenidos un día y liberados al siguiente, para
luego reincidir con impunidad pasmosa. Los ciudadanos ya no confían en los operadores
de justicia y no faltan razones.
Mientras las fuerzas del orden arriesgan sus vidas en operativos contra el crimen, los
fiscales y jueces —en muchos casos, no todos— actúan como facilitadores de la
impunidad o cómplices de la delincuencia. En las audiencias de flagrancia, se repite el
mismo libreto: falta de pruebas, errores de forma, supuestas violaciones al debido
proceso o derechos humanos. Utilizan subterfugios legales para dejar en libertad al
delincuente capturado y lo más grave, es el uso cínico de principios constitucionales para
protegerlo; como el derecho a la igualdad para liberar a reincidentes peligrosos, como si el
sistema no pudiera —o no quisiera— distinguir entre un error y una amenaza social. Hay
argumentos absurdos como la no discriminación del criminal, aplicando el principio de
igualdad, utilizando un formalismo que desnaturaliza la esencia misma de la ley.
El problema va más allá de la interpretación jurídica. Hay acusaciones públicas que los
fiscales y jueces se disputan los turnos en flagrancia porque han establecido “tarifas” por
tipo de delito. Las acciones de protección, habeas corpus, medidas sustitutivas,
sobreseimientos exprés o archivos de causas, se ofrecen al mejor postor, como en los
peores tiempos del “plata o plomo”
El resultado es que los delincuentes entran y salen de prisión como por una puerta
giratoria, mientras tanto, las víctimas quedan desamparadas, sin justicia ni reparación y la
sociedad, golpeada por el miedo, comienza a buscar respuestas por fuera de las
instituciones haciendo “justicia o defensa por mano propia”
Si hay casos en los que se ha sancionado a jueces y fiscales corruptos, pero son la
excepción. La mayoría de denuncias no avanzan, se archivan o ni siquiera se investiga. El
sistema se protege a sí mismo, con un silencio que huele a complicidad, argumentando
independencia.
Y no es solo cuestión de corrupción, también hay temor. El crimen organizado ha
penetrado las instituciones, incluidas aquellas que deberían enfrentarlo. Fiscalías y
juzgados operan bajo presión: amenazas, chantajes, o directamente controladas por
mafias con poder económico y político. El aparato judicial no solo está infiltrado, muchas
veces está sometido.
Algunos operadores argumentan la sobrecarga laboral o la falta de recursos. Es verdad
faltan fiscales y jueces, hay audiencias que se posponen por meses y los expedientes se
acumulan en escritorios desbordados, pero el mayor problema no es técnico, es ético y
moral.

Cuando un juez actúa por amenaza, debe denunciarlo para ser protegido. Cuando lo hace
por concusión, prevaricato o delincuencia organizada, debe ir preso y sin atajos; porque si
no rompemos esa cadena de impunidad, la justicia seguirá siendo parte del problema y no
de la solución.
Reformar la justicia ya no es una opción, es una urgencia nacional. O limpiamos la casa, o
perdemos la guerra.

Roberto Passailaigue Baquerizo
Guayaquil, domingo 22 de junio de 2025