Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) constituyen uno de los pilares de la organización territorial del Estado ecuatoriano. Su autonomía política, administrativa y financiera fue concebida por la Constitución para acercar la gestión pública al ciudadano, promover el desarrollo local y administrar con eficiencia los recursos de cada jurisdicción. Esa autonomía, sin embargo, no significa impunidad ni inmunidad frente a la ley.

En los últimos años, el crecimiento de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) ha transformado el mapa de la criminalidad en el Ecuador. Ya no se trata únicamente de organizaciones dedicadas al narcotráfico, extorsión, sicariato o la minería ilegal. Las investigaciones efectuadas por la Fiscalía, Policía Nacional y diversos medios especializados evidencian una realidad más preocupante: el interés de estas estructuras para cooptar instituciones públicas, especialmente los gobiernos locales, donde manejan contratación de obra pública, cargos. permisos, concesiones y distribuyen su gran presupuesto.

Una investigación realizada por Spondylus Info Lab, con el apoyo del Pulitzer Center y Fundamedios, reveló que un número significativo de alcaldes y prefectos registra procesos penales o investigaciones por diversas causas, mientras decenas de autoridades presentan observaciones patrimoniales que han motivado actuaciones de los organismos de control. Tales antecedentes no constituyen, por sí mismos, una declaración de culpabilidad, pero son señales de alerta sobre la vulnerabilidad institucional del país y la captura del poder.

La experiencia comparada demuestra que este fenómeno no es exclusivo del Ecuador. En Italia, las investigaciones contra la Cosa Nostra, la ’Ndrangheta y la Camorra permitieron establecer que las mafias dejaron de limitarse al control territorial para concentrarse en la captura de municipios y administraciones locales, donde obtenían contratos públicos, influían en el desarrollo urbano y facilitaban el lavado de activos. Como respuesta, la legislación italiana facultó incluso la disolución de concejos municipales cuando se acreditaba la infiltración mafiosa en la administración pública.

Una evolución semejante vivió Colombia con el fenómeno de la denominada parapolítica, que evidenció cómo organizaciones criminales consolidaban su poder mediante alianzas con autoridades territoriales. La principal enseñanza de ambas experiencias es clara: el crimen organizado procura controlar las instituciones antes que enfrentarlas.

En ese contexto debe analizarse la decisión del presidente Daniel Noboa de enfrentar a los GDO como una amenaza a la seguridad nacional. Ninguna estrategia contra el crimen organizado alcanzará resultados permanentes si no va acompañada de gobiernos locales íntegros, transparentes y capaces de resistir las presiones de las economías ilícitas. La lucha no corresponde únicamente al Gobierno Central; compromete por igual a las autoridades seccionales, a los organismos de control, la justicia y la sociedad. La defensa de la democracia comienza, por preservar la integridad de sus instituciones más cercanas al ciudadano. (Continúa)

Guayaquil, jueves 16 de julio de 2026