La salud mental atraviesa una crisis que ya no admite eufemismos. Más de 970 millones
de personas —una de cada ocho en el mundo— viven con algún trastorno mental, siendo
la depresión y la ansiedad los más prevalentes. Tras la pandemia de COVID-19, la OMS
estimó un incremento del 25% en la prevalencia global de estos cuadros. En América
Latina, donde el gasto público en salud mental apenas bordea el 2% del presupuesto
sanitario, la brecha de tratamiento para trastornos graves continúa siendo elevada.
Este escenario coincide históricamente con un proceso que transformó radicalmente la
atención psiquiátrica: la desinstitucionalización. Desde las décadas de 1950 y 1960, con la
introducción de antipsicóticos eficaces y bajo la influencia de movimientos que
denunciaron abusos en los antiguos manicomios, se impulsó el cierre progresivo de
hospitales psiquiátricos. En los años ochenta, la tendencia se consolidó en Europa y
América Latina. Organismos como la OMS y la OPS promovieron modelos comunitarios
centrados en derechos humanos, integración social y atención ambulatoria.
El principio era correcto: sustituir el encierro crónico por atención digna e inserción social,
el problema fue la ejecución. En numerosos países, la reducción de camas hospitalarias no
fue acompañada por redes comunitarias suficientemente financiadas ni por dispositivos
intermedios de rehabilitación. El resultado ha sido visible: mayor presión sobre los
servicios de emergencia, incremento de personas con trastornos graves en situación de
calle, suicidios, sobrecarga de familias sin apoyo técnico.
Ecuador no es ajeno a esta realidad. La Ley de Salud Mental, aprobada en 2024, establece
un marco garantista que prioriza prevención, acceso a tratamientos basados en evidencia
y reinserción social. No obstante, el aumento sostenido de consultas —con reportes de
crecimiento significativo en niños y adolescentes, incluyendo autolesiones— revela una
demanda que supera la capacidad instalada. La pandemia exacerbó vulnerabilidades
preexistentes en jóvenes y mujeres.
Sería simplista atribuir la crisis a un único factor, pues influyen condiciones económicas,
falta de fuentes de trabajo, precarización laboral, fragmentación familiar, falta de apoyo y
control parental y el impacto de las redes sociales. Es necesario reconocer que la reforma
psiquiátrica quedó, en muchos contextos, incompleta. Deshospitalizar no equivale a
desatender; cerrar instituciones sin fortalecer alternativas produce vacíos asistenciales.
Este abandono de la salud mental, ha incrementado problemas psiquiátricos y
psicológicos, como el trastorno de identidad disociativo y la disforia de género, las que son

promocionadas y auspiciadas por agrupaciones extremas, para que se consideren
derechos a aquellas aberraciones, como lo son la ideología de género y los terian.
El desafío no es regresar al modelo asilar ni ignorar los derechos conquistados, sino
construir un sistema equilibrado que combine atención comunitaria robusta con recursos
especializados para casos graves. Sin inversión sostenida, protocolos claros y formación
profesional adecuada, la brecha seguirá ampliándose.

Guayaquil, domingo 1 de marzo de 2026