La renta son las utilidades o beneficios que incrementan el patrimonio de las personas
naturales o jurídicas, cualquiera que sea la actividad dentro de un año comercial y, los
impuestos son tributos o cargas que las personas están obligados a pagar, por tanto, el
Impuesto a la Renta grava las rentas o utilidades, obtenidas por personas naturales o
jurídicas.
Legal e históricamente, no están sujetas a este impuesto las instituciones privadas sin
fines de lucro, legalmente constituidas y que no reciben utilidades o rentas, como las
de: culto religioso; beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la
familia; cultura; arte; educación; investigación; salud; etc.
Mal utilizando la emergencia en que vivimos, se ha enviado a la Asamblea Nacional el
“Proyecto de Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económicas de
las Generaciones en el Ecuador” por el que, utilizando criterios errados, se pretende
eliminar de la excepción al impuesto de la renta a las universidades privadas, que son
organizaciones sin fines de lucro, queriendo imponerlo sobre el ingreso bruto,
distorsionando la naturaleza jurídica de renta.
Señala un impuesto del 1 al 2%, que será fijado por el ejecutivo y que generaría unos
doce millones de dólares (más o menos), cifra insignificante dentro de la magnitud de
las finanzas públicas; compensándose con un crédito tributario sobre el valor de las
becas otorgadas a los estudiantes de colegios fiscales y fiscomisionales, discriminando
a los estudiantes de colegios particulares.
Aparte de lo ínfimo del impuesto, lo de fondo es su creación que vulnera la seguridad
jurídica al eliminar la excepción a un ente sin fines de lucro como son las Universidades
privadas, imponiendo un impuesto a la renta que es al ingreso bruto, lo que
corresponde a una errada política fiscalista impuestera, que debe ser rechazada por
todos los sectores políticos en la Asamblea Nacional.
No más impuestos, lo que se debe hacer es incrementar la producción petrolera y
minera, la focalización de subsidios, reducir la carga burocrática, garantizar la
seguridad jurídica y atraer la inversión privada.

Guayaquil, sábado 16 de noviembre de 2024