Mucho se ha opinado sobre la indefensión de los ciudadanos, por no poder hacer uso de su derecho a la defensa contra los delincuentes que portan armas, no solo de calibre 38 y 9 mm sino fusiles, ametralladoras, granadas y explosivos, usándolas para robar, asaltar, secuestrar y cometer delitos, en la calle, negocios y domicilios.

Antes de concluir el presente artículo y sin poder contrastarlo, se publicó en redes sociales un supuesto acuerdo ministerial No. 194 del Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 6 de mayo de 2022, por el que se reanudarían los procesos de concesión de permisos y autorizaciones de porte y tenencia de armas de fuego, que se encontraban suspendidos.

De ser verdad el acuerdo, felicito al gobierno nacional y al ministro de defensa por la acción directa y decidida, para permitir que la ciudadanía honesta pueda hacer uso de su derecho a la defensa, contra los delincuentes. Solo me permitiría recomendar que, los permisos para el porte de armas, no sean de jurisdicción provincial sino nacional, pues no tendrían validez para los viajes de Babahoyo a Guayaquil o de Guayaquil a Salinas o a Quito, cuando se viaja por tierra, en cuyo trayecto los delincuentes suelen operar, aprovechándose los despoblados o la oscuridad de la noche.

Por fin, los ciudadanos honestos, podríamos defendernos contra la delincuencia, toda vez que el porte y tenencia de armas de fuego, cumpliendo los requisitos legales, será parte de la solución en la lucha contra la delincuencia y criminalidad. Solo una adecuada publicidad de la medida, ejercería un efecto disuasivo para el delincuente, porque la sola existencia de la posibilidad que la víctima se encuentre armado y se defienda, evitaría que actúe bajo total seguridad.

Se debe entender que el portador o quien tiene legalmente un arma y la usa, lo hace en su legítima defensa, no se le puede exigir que cumpla con el uso progresivo e igualitario de la fuerza; y el arma podría ser usada desde el momento que el atacante apunta, o haga el intento o ademan de sacarla para agredir, violentar o atacar a las personas, bienes o viviendas.