Respecto de las reformas a la Ley de Educación Superior, debemos analizar que los niveles de estudios y titulación, establecen el grado de aprendizaje o profesión de la persona, y no todos los títulos son sinónimo de competencias, sino el haber cursado el programa y no siempre de manera regular.

El título de grado permite ejercer la profesión; la especialidad acredita estudios en determinada rama; la maestría de igual manera, pero de un sector de esa rama o materia, y el Doctorado PhD, es el máximo grado académico que acredita una investigación específica, en una especialidad, materia o rama del conocimiento.

El correísmo nos impuso el criterio que el doctorado o PHD acredita competencias o la calidad para ser buen docente o administrador de una Institución de Educación Superior. Nada más errado. La competencia la otorga la profesión, pero a esta se suma la experiencia, vocación, principios, valores  y la actitud del profesor o directivo. Casi todos los problemas del Sistema de Educación Superior, son causados por aquellas autoridades que siendo PhD, no conocen de administración o gestión de procesos.

Otro inconveniente es la constante movilidad en las funciones directivas, asimilando a la academia con una función política en la administración pública, práctica malsana en el Sistema de Educación Superior, que solo sirve para el reparto de las cuotas de poder político, sin importar el beneficio de una buena administración. En las principales Universidades del mundo, los rectores duran 10, 20 y hasta más años, cuando su labor es positiva y correcta. Aquí se obliga a que tengan periodo fijo de 4 años, con una sola reelección, con elecciones universales. Como que en los Hospitales y en las Universidades, debe implementarse la democracia en todos sus estamentos.

Dicha normatividad fue creada para formar grupos afines para apoderarse de la Educación Superior. Esto tiene que ser reformado, si no se lo quiere hacer en la Universidad Pública que se financia con fondos públicos, que se lo haga en la Universidad Privada que es autofinanciada y no recibe recursos del Estado.