En las últimas semanas, el país se ha conmocionado por noticias lamentables como el
suicidio de un estudiante en Guayaquil, presuntamente víctima de bullying escolar y otro
joven con dificultad de aprendizaje, también ha sido acosado por compañeros. En Quito,
una estudiante fue brutalmente agredida en unas escalinatas y en otro colegio, un alumno
habría disparado un arma de fuego. Los maestros se quejan por falta de respeto y
amenazas constantes.
Estos casos ya no pueden tratarse como incidentes aislados, son parte de un fenómeno
incubado en silencio dentro del sistema educativo, bajo un falso proteccionismo de
derechos. Las instituciones se encuentran hoy desarmadas legal y operativamente para
actuar con contundencia, se les ha reducido la capacidad de acción y ya no pueden aplicar
sanciones disciplinarias efectivas. Incluso en situaciones graves —como el porte de armas,
drogas o la comisión de actos reiterados de indisciplina—, los estudiantes no pueden ser
separados del colegio sin un dilatado proceso en oficinas del Distrito, cuyas decisiones
llegan tarde, mal o nunca.
Se ha confundido la protección al estudiante y el derecho a la educación, con una suerte
de impunidad escolar, donde todo se tolera y nada se corrige. En sus casas, los padres
pusilánimes temen a sus hijos.
Frente al clamor ciudadano y la presión mediática, el Ministerio de Educación ha
anunciado medidas de actualización de protocolos, devolución de facultades
sancionadoras a las autoridades institucionales y autorización a la Policía Nacional para
ingresar a las escuelas y colegios cuando sea necesario. La decisión es correcta, pero
todavía insuficiente, es necesario ir más allá de los controles reactivos. Revisar mochilas o
permitir el ingreso de uniformados no resolverá por sí solo el problema de fondo.
Se necesita una reforma estructural que abarque, al menos, las cuatro bases del sistema,
como las patas de una mesa: 1) La escuela, debe volver a ser un espacio donde existan
normas claras y consecuencias concretas. Recuperar la autoridad y rigurosidad académica;
reforzar la formación en valores y disciplina, no desde el castigo, sino desde la convicción
de que formar ciudadanos exige límites, todo derecho tiene su contrapartida en un deber
y todo acto trae una consecuencia. 2) Autoridad educativa, reformando normas para
establecer mecanismos ágiles para la separación o reubicación de estudiantes con
conductas reiteradas de violencia o desajuste grave. No se trata de castigar o excluir, sino
de proteger al resto de la comunidad educativa y permitir que el estudiante con
problemas reciba atención especializada. 3) Los padres asumir la responsabilidad de los
actos de sus hijos menores de edad en la casa y fuera de ella. 4) La sociedad, entendiendo
que la violencia juvenil es problema de todos y debemos contribuir a una cultura de paz,
con disciplina, orden y respeto.

El sistema educativo no puede seguir siendo rehén de una visión parcial del derecho,
donde solo se habla de garantías, pero no de responsabilidades. El derecho a la educación
debe garantizarse, sí, pero en condiciones de respeto, seguridad y dignidad para todos.

Guayaquil, domingo 6 de julio de 2025